Regulación de las apuestas online

El gobierno aprueba un proyecto de Ley del Juego que regula este sector, el cual hasta ahora no tributaba y tenía importantes vacíos legales como la protección de los colectivos más sensibles como los menores o personas con ludopatía.

Para ello el Consejo de Ministros ha pactado con las comunidades autónomas ya que tienen transferidas la mayoría de las competencias en lo que a materia de juego se refiere.
Hasta ahora, las únicas actividades reguladas eran las del juego presencial, como casinos o bingos, que se rigen por leyes autonómicas y pagan impuestos en cada autonomía. Además, la actividad de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y la ONCE también están controladas por sendas normas que les otorgan ciertos privilegios, como la capacidad de explotar en exclusivas algunos juegos como la lotería.

Así se pone fin a la inexistencia de una ley estatal que regule el sector en su totalidad, tanto en el negocio físico como en el establecido a través de Internet.

Las casas de apuestas llevan operando tiempo en España e influyen en muchos sectores, de ahí la importancia de su regulación. Invierten en publicidad y patrocinios más de 100 millones de euros, según diversas asociaciones de empresas, y el año pasado obtuvieron unos beneficios de alrededor de 315 millones de euros. Pero con la nueva ley, estas casas deberán pedir una licencia tal como ya hacen casinos y bingos, y comenzarán a pagar impuestos, que irán a parar en su mayor parte a las comunidades autónomas.

Para evitar que las páginas de apuestas traten de burlar el pago de estos nuevos impuestos operando desde servidores instalados en otros países, el proyecto de Ley del Gobierno contempla actuaciones para cortarles los ingresos a través de los intermediarios como los medios en que se anuncian, las entidades financieras a través de las que los jugadores pagan sus apuestas o incluso tratando con los propios operadores de telecomunicaciones.

La Ley del Juego también supondrá dar más competencias a la Comisión Nacional del Juego, que se convertirá en un órgano encargado de supervisar el sector, y a la Conferencia Sectorial del juego, en el que estarán presentes las CC.AA. y el Estado, y será un órgano más político encargado de aprobar nuevas modalidades de juego o modificar la fiscalidad sobre los tipos de apuestas, entre otros temas.